I. Introducción.
El tema de la ponencia que pongo a consideración en este Congreso versa sobre el derecho que asiste al particular a obtener una medida cautelar de carácter positivo contra resoluciones fiscales impugnadas en juicio contencioso, al amparo del principio fumus boni iuris (apariencia de buen derecho).
Debemos partir de dos afirmaciones: uno de los principales problemas en nuestrostribunales es la dilación en las sentencias, pues la eficacia de la justicia depende, en gran parte, de la rapidez con que aquélla se otorgue, y, por otro lado, también es verdad que la realización de un proceso con todas las garantías exige tiempo.
Esto, que sucede en todos los juicios, se complica en el proceso administrativo-fiscal, pues el acto fiscal se presume válido y, además, su eficaciano se interrumpe, por lo general, con la interposición de un recurso, aunque sí podía suspenderse su ejecución, hasta el año pasado, en términos del derogado artículo 208 bis de CFF.
Este estado de cosas se ha alterado sustancialmente en sentido favorable, y tres han sido las razones: primero, sigue vigente el derecho a solicitar la suspensión conforme al artículo 28 de la Ley Federal deProcedimiento Contencioso Administrativo, (en adelante LFPCA); segundo, ahora se ha ampliado el espectro de posibilidades, al introducirse las “medidas cautelares” en la LFPCA y, tercero, desde hace algunos años, el Poder Judicial de la Federación ha ido perfilando en las resoluciones relativas a suspensión de actos, la teoría de la apariencia de buen Derecho, (fumus boni iuris) lo que ha estimulado aotros tribunales y esperemos que esa expansión alcance al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (en adelante TFJFA) al resolver sobre las peticiones de medidas cautelares que incluye la Ley.
La importancia de estas medidas cautelares se observa al constituir la única “arma disponible contra el bloqueo de la justicia y contra el abuso de la misma por contendientes injustos”
, alapoyarse en dos principios esenciales, la rapidez y la eficacia.
Así, deben garantizarse por un lado el derecho de los ciudadanos a una administración de justicia completa, imparcial y pronta (artículo 17) y a la presunción de inocencia (artículos 14,16,19,21 y 102); pero por otro, no puede perderse de vista que los actos administrativos gozan de una presunción.
de legalidad (artículo 68 del CFF) y queuna dilación en la recaudación de los tributos a causa de una demora intencionada produciría una quiebra de las arcas del Estado, resintiéndose la eficacia constitucional sobre la que se construye nuestro régimen administrativo en el Estado de Derecho. Por ello, como sostendremos a lo largo de esta ponencia, el principio de fumus boni iuris o de apariencia de buen derecho puede desempeñar unpapel capital en la aplicación de las medidas cautelares positivas que regula la nueva LFPCA.
1 García de Enterría, E.; Democracia, jueces y control de la Administración; Civitas, Madrid, 1997, p. 290.
II. La suspensión del acto como especie de las medidas cautelares
La ejecución automática de las resoluciones fiscales, como expresión del privilegio máximo de la autotutela administrativa,(artículo 145 del CFF) ha constituido tradicionalmente un dogma indiscutible, cuyo fundamento se centraba en evitar que la mera interposición de un recurso pudiese paralizar la actividad general del Estado. Así, por ejemplo, en la vía contenciosa-administrativa hasta el año pasado se limitaban las medidas cautelares a la “suspensión de la ejecución del acto impugnado”, siempre que no ocasionaránperjuicios al interés general y, cuando se enderezaran contra el cobro de contribuciones y se garantizará el crédito fiscal (artículo 208-bis, fracciones V y VII, respectivamente).
Sin embargo, actualmente esta situación ha cambiado sustancialmente, tanto porque debe reconocerse el derecho a las solicitudes de medidas cautelares como subgarantía individual (como tendremos ocasionar de argumentar), como…